1. La fracción séptima del artículo tercero constitucional establece que “las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y del libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción de refiere”.
2. Con la fracción antes referida, la autonomía constitucional protege la independencia de la vida académica universitaria, fortalece sus acciones y su compromiso con el progreso de la nación.
3. La omisión de esta fracción en la mencionada iniciativa de reforma constitucional preocupó profundamente a la comunidad universitaria de nuestro país por las implicaciones que su ausencia podría llegar a tener en la misión que históricamente la sociedad mexicana nos ha encomendado.
4. Reconocemos la pronta y oportuna aclaración que las autoridades federales han hecho al respecto, así como la voluntad manifiesta de respetar la autonomía de nuestras instituciones.